Piden movilización institucional para salvar al sector del ajo cordobés

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Asaja Córdoba, en colaboración con la Mesa Nacional del Ajo,  solicita el apoyo institucional para la defensa del sector en nuestra provincia y en nuestro país. La protección arancelaria en la UE se ve burlada, especialmente por el ajo chino, desde varios frentes y pone en serio peligro esta actividad económica tan importante para muchos pueblos de nuestro entorno.

Asaja Córdoba lleva muchos años defendiendo el sector del ajo debido a la importancia que tiene en nuestra provincia, fundamentalmente en los términos municipales de Montalbán, Santaella, Aguilar de la Frontera, La Rambla y Montilla en la Campiña Sur, y también en los términos municipales de Córdoba, Almodóvar del Río, El Carpio, Posadas, Fuente Palmera y Palma del Río en la Vega de Córdoba.

De esta forma Asaja Córdoba participa activamente en todos los foros, reuniones e instituciones en los que puedan decisiones en relación a este sector, entre ellas la Mesa Nacional del Ajo de España, que representa los intereses de los principales productores y empresas comercializadoras y que en la actualidad está preocupada por los signos que desde la pasada campaña muestra el mercado del ajo seco, caracterizado por la caída de los precios, debido a presión que ejercen las crecientes importaciones de terceros países, y a la ralentización y disminución de las operaciones comerciales de venta del ajo español.

Desde Asaja Córdoba y desde la Mesa Nacional del Ajo de España solicitamos a las Administraciones competentes el establecimiento de medidas urgentes que eviten la continua reducción de superficies de cultivo, la desaparición de explotaciones y empresas; así como de no remediarlo, la eminente crisis económica y social de pueblos y comarcas que tienen en el cultivo del ajo una importante fuente de actividad e ingresos, y para ello solicitamos una moción de apoyo al sector del ajo basada en los siguientes puntos:

1. Incremento del importe del arancel disuasorio de 1.200 €/t a 1.800 €/t, ya que el arancel inicial establecido en el año 2001 para compensar la diferencia de costes de producción y puesta en mercado del ajo comunitario y los precios CIF (coste + seguro + flete) del ajo chino ha quedado completamente obsoleto. El ajo chino se sigue ofertando en el mercado nacional al mismo precio que entonces (650€/t), pero productores y empresas han tenido que soportar desde entonces un incremento del Índice de Precios al Consumo del 25,4%.

2. Unificación de todos los códigos aduaneros NC bajo los que se importa ajo a la UE, en una sola nomenclatura y contingente. El ajo transformado o conservado en alguna de sus variantes no está sujeto a contingente de importación. Este producto cada vez está más presente en los mercados y tiene una creciente demanda, por lo que se estima que China está derivando cada vez más la producción de ajo seco, al desgranado de cabezas y pelado de dientes, con lo cual consigue burlar la cuota contingentaria.

3. Modificación de los requisitos a cumplir por los importadores de ajo. Las licencias de importación se deben asignar a aquellos operadores que hayan importado o exportado ajo en cantidad de 50 t en los últimos tres años. En la actualidad la mayor parte de las licencias de importación de ajo están en manos de operadores que no hacen uso de ellas directamente, sino que las venden para su tráfico, y también en poder de operadores que en el pasado fueron protagonistas de operaciones ilegales de importación y trafico de ajo procedente de China.

4. Cumplimiento por parte de las producciones hortofrutícolas importadas de terceros países de las normas y protocolos en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria que se aplican a las producciones españolas. De lo contrario esas producciones no deberían entrar en los circuitos comerciales por coherencia en las actuaciones internas de la UE y como actitud de defensa de los intereses de los agentes del sector europeo y de los consumidores.

5. Intensificación del control del fraude e información pública de las sanciones impuestas como único mecanismo disuasorio. La Ley de Protección de Datos no debe servir para encubrir a los defraudadores al fisco y a los que ganan dinero fácil en operaciones ilegales.

Todos esto puntos se enviarán a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como a la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea.

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