Ordenan reanudar el juicio contra Telefónica, demandada por 458 millones por Ausbanc

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Ausbanc reclama a la operadora 458 millones por los daños causados al mercado español por el estrechamiento de márgenes en los precios de ADSL cobrados a empresas mayoristas de la competencia. La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los argumentos esgrimidos por la operadora para suspender el procedimiento, paralizado desde hace 2 años, y ordena al Juzgado Mercantil que retome la demanda.

Las numerosas artimañas llevadas a cabo por Telefónica para suspender la demanda interpuesta por Ausbanc por 458 millones de euros no han dado sus frutos ya que la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, ha decidido desestimar las pretensiones de suspensión del proceso de la operadora, y ordena al Juzgado Mercantil número 4 de Madrid reanudar el juicio.

Ausbanc Consumo presentó el 25 de octubre de 2007 una demanda contra Telefónica España en reclamación de los daños y perjuicios causados a todos los consumidores y al mercado español, por estrechamiento de márgenes en los precios de ADSL cobrados a empresas mayoristas de la competencia. Una vez admitida a trámite, Telefónica presentó un escrito intentado eludir dicha demanda alegando ya haber recibido una sanción por parte de la Comisión Europea, que penalizó por este hecho a la operadora con una multa de 151,8 millones de euros, una multa que no está destinada a resarcir ni a los consumidores ni al mercado. Tras casi dos años de suspensión del procedimiento, fijada el 14 de diciembre de 2007, la Audiencia Provincial considera que no existe prejudicialidad civil y que, por tanto, debe continuar el juicio contra Telefónica.

Haciendo uso de la nueva Ley de Defensa de la Competencia y de la normativa comunitaria, Ausbanc solicita en la demanda interpuesta una indemnización de 458 millones de euros con el fin de resarcir a los usuarios de los daños y perjuicios causados. Este importe, calculado según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Europea, se refiere al sobreprecio que han pagado los consumidores durante 5 años por el acceso a Internet de banda ancha, y con el que Telefónica ha cobrado de forma abusiva más de 600 millones de euros de sobreprecio en perjuicio de los consumidores y el mercado. Restando los casi 152 millones de euros de la multa ya impuesta por Bruselas, Ausbanc ha solicitado la indemnización de 458 millones de euros, además de los intereses, costas y gastos.

El fondo se destinará a compensar los pagos excesivos realizados por los consumidores titulares de una línea ADSL en el periodo de la infracción con cualquier operador que actuase en España en esas fechas; y a satisfacer a la sociedad española en general, ya que no ha disfrutado de una adecuada competencia ni de la suficiente inversión en infraestructuras, suponiendo un retraso considerable en el desarrollo de esta tecnología. La Asociación considera adecuado que ese montante sea destinado, con carácter colectivo, a la mejora en España de las redes de ADSL, al incremento en la formación e información suministrada en materia de Telecomunicaciones a los consumidores, así como a la mejora en la calidad de dicha información y al asesoramiento jurídico en materia de Telecomunicaciones.

 El caso de Telefónica es similar al acontecido por un grupo de compañías de ascensores, sancionadas por el Ejecutivo comunitario con una multa de 992 millones de euros por pactar precios entre 1995 y 2004. En este caso, la Comisión Europea, independientemente de la multa impuesta, llevó a cabo un llamamiento a los usuarios afectados con el fin de animales a solicitar una indemnización por los daños económicos ocasionados.

Ésta no es la única batalla judicial que Ausbanc tiene abierta contra Telefónica, ya que la delegación de Ausbanc en Extremadura ha demandado a la operadora por el corte de suministro ocurrido a finales de 2007, en el que por causas no justificadas quedaron suspendidos los servicios de  telefonía fija, móvil y de ADSL resultando afectados, aproximadamente, 900.000 usuarios extremeños.


 

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