El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha reconocido en una respuesta parlamentaria que la deuda pendiente de pago a los Centros Espaciales de Empleo de la provincia de Córdoba asciende a 821.248´36 euros, a fecha de 3 de noviembre.
Para Obrero, esta es la apuesta por el empleo y por las personas con discapacidad que hace el Partido Socialista desde las administraciones públicas donde gobierna, su única acción es dar la espalda a los discapacitados y a las personas que mantienen estos centros de empleo que dan ocupación a muchos cordobeses.
En Córdoba, varios centros de empleo han manifestado públicamente, la difícil situación que atraviesan, que hace que en algunos esté peligrando su existencia y están prorrogando su funcionamiento a duras penas. Son 29 centros en la provincia con 718 trabajadores con discapacidad a los que sabemos que no les han pagado estas subvenciones.
En concreto, el centro especial de empleo de la asociación AMARA de Lucena dedicado a la producción de muebles, ha planteado llevar a cabo un plan de viabilidad que pasa por la reducción de la plantilla hasta que se regularicen los pagos que adeuda la Junta de Andalucía. Un 30% de su plantilla, 9 de los 27 trabajadores, perderían su trabajo y pasarían al centro de formación ocupacional.
Según Obrero, lo verdaderamente sangrante es que Andalucía recibió en 2009 de los Presupuestos Generales del Estado 8.695.530 euros para hacer frente a las subvenciones a los centros especiales de empleo para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo a personas con discapacidad, y en el año 2010 17.692.496 euros, dinero que no se han distribuido a estos centros. Y ante esto nos preguntamos qué ha hecho la Junta de Andalucía con este dinero, dice la parlamentaria cordobesa.
Desde el Partido Popular queremos que el señor Griñán explique a los andaluces y a los cordobeses qué está pasando en la Consejería de Empleo, quién va a asumir la responsabilidad política de esta pésima gestión de los fondos públicos. Quiero pedir a los responsables políticos del Gobierno de la Junta que dejen de hacer política demagógica e hipócrita con las personas con discapacidad, ya que por la falta de control absoluta y una pésima gestión del dinero público destinado a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para discapacitados, ahora estos puestos de trabajo corren un serio peligro, concluye la parlamentaria popular.
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